La historia de la relación mina-comunidad se ha configurado en dos momentos. Uno excluyente que se arrastraba desde la década de los veinte y otro incluyente que inicia poco antes de la entrada de Ternium. En el segundo momento la empresa y la comunidad discuten sobre cómo debe de ser la vida en común.
El modelo excluyente hizo crisis cuando en enero del 2005 un grupo de comuneros de San Miguel Arcángel bloquearon el acceso de la mina denunciando que Hylsa, la otrora empresa dueña de la concesión minera, no había cedido a las demandas de la comunidad de establecer reglas para un aprovechamiento sustentable y prestaciones laborales a los trabajadores. En este modelo del desarrollo minero la “ocupación” de la tierra dejaba a cada comunero 1,400 pesos anuales, una baja contratación de trabajadores (23 de 600) así como bajos impuestos municipales. El conflicto posibilitó el encuentro entre altos directivos de Hylsa y los representantes comuneros, llegando a establecer un esquema para una nueva relación entre las partes. Este nuevo contrato social tuvo como base la conformación de un Fideicomiso (Banca Social) para la constitución de sociedades anónimas manejadas por la comunidad indígena. Se buscó direccionar el modelo asistencialista de la mina hacia un modelo de desarrollo horizontal. Se estableció un diálogo directo con la mina y se delineó la política a seguir en la relación comunidad-mina.
Esta relación conflicto-entendimiento entre la mina y la comunidad se expresa en cada coyuntura de desarrollo. Ternium está llevando a cabo nuevas exploraciones en terrenos de la comunidad, mismas que estuvieron detenidas. Para los trabajos de “exploración” se estableció un acuerdo entre la mina y la comunidad indígena sobre los mecanismos de los trabajos, donde se contemplaba que la empresa iba a proponer a la asamblea comunal las obras de exploración y la asamblea iba a proponer modificaciones y resolver sobre los acuerdos finales. Sin embargo…
“…La empresa no respetó el método de comunicación que se había estado siguiendo, violentando los reglamentos internos de la comunidad, en donde se había establecido las rutas, tiempos de la exploración y estudios de impacto ecológico, por lo que los trabajos de exploración pasaron por encima del tradicional convenido entre comunidad y mina. En tal sentido, la asamblea determina y exige que se pague el daño ecológico” Entrevista a líder comunero.
El episodio de enfrentamiento abrió un nuevo episodio de consenso. La empresa nuevamente tuvo que escuchar los reclamos de la comunidad indígena respondiendo a los reclamos comunitarios respetando más los tiempos de toma de decisiones de la comunidad referentes a los proyectos y actividad de la minera. Ejemplo de lo anterior es el hecho de que la comunidad indígena recibe desde el 2013 3.30 dólares por tonelada de mineral, regalía sin precedente en México. Acuerdo logrado a partir de un fuerte enfrentamiento que derivó en un plantón de los comuneros en los patios de la mina y que obstaculizó la actividad de la mina por tres meses en los inicios del 2013.
